Lugar: ruta Puerto Montt – Puerto Varas
por el camino a Alerce.
Son las ocho de la mañana y un carabinero nos señala que el camino está cortado por una procesión, y que será necesario tomar obligadamente la Ruta 5, con el inesperado pago del consiguiente peaje.
La escena refleja, en forma local, un fenómeno que es nacional, y también global: los recursos del Estado, y también los de un número no menor de contribuyentes, se ponen al servicio de una creencia religiosa que decide hacer una manifestación pública de su fe.
Millones de pesos en Chile, dólares y euros en otros países, son gastados año a año en forma similar en diversas latitudes. Miles de horas/hombre se emplean, voluntaria u obligadamente en estos ejercicios de fervor popular cuya estación final incluye una inevitable pasada a la alcancía ubicada estratégicamente junto a una imagen de un santo o una santa, en la cual se depositan generosas ofrendas que, por cierto, no vuelven al Estado para sufragar o siquiera paliar los gastos generados a éste por la manifestación popular convocada por la Iglesia.
Similares resabios desangrantes
son los Te Deum, los capellanes del ejército, las bendiciones de armas, las misas de campaña, los santos patronos, la virgen patrona del ejército, las bendiciones de locales y las cruces y otros elementos de culto en edificios públicos, por nombrar algunas.
LaicismoLa expresión más clara del laicismo es la separación de la Iglesia del Estado. Y, por el contrario, el clericalismo viene a ser la influencia excesiva del clero en los asuntos públicos.
¿Qué se entiende por “separación de la Iglesia y el Estado”?: que la vida política que corresponde a los asuntos públicos, se administre con prescindencia de dogmas que pertenecen a la esfera religiosa. Se pretende de este modo, que la sociedad civil ejerza libremente su libertad de culto, y a la vez que las organizaciones que se derivan del culto religioso se mantengan dentro de su propia esfera actuando libremente dentro de la sociedad civil, pero al margen de las cuestiones de Estado.
Para entender mejor el concepto y evitar confusiones: no se trata de relegar a la iglesia al ámbito de lo privado y que se le impida hacer uso de su legítimo derecho a expresarse sobre cuestiones de su interés o a manifestarse públicamente a través de su liturgia. Lo que se pretende es que, en beneficio de la libertad de conciencia que debe propiciar un Estado que es de todos, la iglesia prescinda de poder político al interior del Estado, a fin de evitar que imponga su fe mediante la ley y/o la coerción social. Se trata de hacer presente el principio francés que establece que “La religión está dentro del Estado, mientras que el Estado ya no está dentro de la religión”.
Preguntas y propuestasA modo de finalizar, y sin que sean conclusiones ya que es un tema abierto e indudablemente con mucho campo por hacer aún, es más propio en este caso formularse preguntas y esbozar algunas propuestas orientadoras en el camino que queda por delante. En consecuencia, la siguiente sección no es de preguntas y respuestas, sino de preguntas y propuestas:
En primer lugar, es necesario preguntarse si en nuestro país la obediencia y la lealtad ciudadana se debe a la Moneda o al Vaticano. Dicho de otro modo, la pregunta es por cuál libro se rige el Estado para garantizar el bienestar de la ciudadanía: si por la Constitución de la República o por el Catecismo de la Iglesia.
En la misma línea, antes de cada elección popular sería prudente considerar si una vez elegidas nuestras autoridades, ejercerán con ropa de civil o lo harán con una sotana por debajo. Lo mismo cabe preguntarse respecto de quienes aspiran a la presidencia de la república.
Otro tema a considerar es la promoción de la secularización de la vida civil, que incluya la promoción de la idea de que los jóvenes tengan una educación valórica amplia, diversa, pluralista y tolerante, teniendo como principio la aceptación de la diversidad. Ello -no cabe duda- generará adultos más conscientes de sus valores y, muy posiblemente, fieles más comprometidos con su iglesia, a la que adherirán por convicción y no por imposición.
No se trata de una confrontación, sino de la legítima búsqueda de una recíproca autonomía. El objetivo es que los dogmas religiosos de cualquier índole no sean impuestos por el peso de la ley a los ciudadanos libres.
Frecuentemente oímos comentarios pesimistas que anuncian el fin de las banderas de lucha del laicismo: porque ya hay libertad de enseñanza, educación primaria obligatoria, ley de divorcio, etc. Ahora que hay estabilidad democrática y una razonable paz social, tal vez sea oportuno reflexionar acerca de si no sería útil buscar todos los resabios de estado clerical que aún quedan en nuestro país y emprender vigorosamente la construcción de un estado auténticamente laico.
